La raíz de la expropiación está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, promulgada por Venustiano Carranza que establece en el artículo 27 que “corresponde a la nación el dominio directo de […] los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos”.

En respuesta directa a esta modificación los dueños de las compañías petroleras aumentaron al máximo la producción de petróleo para obtener el provecho máximo antes de la aplicación de esta ley. Al llegar a la presidencia de México en 1934 Lázaro Cárdenas promovió la creación de sindicatos que protegieran a los trabajadores. Y es de la lucha del sindicato de los petroleros que se llega a la decisión de nacionalizar el petróleo.

En 1938 se inicia una huelga de la industria energética a la que se une toda la industria nacional. Los trabajadores de las petroleras no tenían ninguna prestación; exigían un aumento de sueldo del 90%, además de derecho a la salud y a la incapacidad pagada. Las empresas petroleras se negaron, Lázaro Cárdenas interviene y nombra a una comisión investigadora que dictamina que entre 1934 y 1938 las petroleras habían incurrido en innumerables fraudes fiscales y que habían obtenido ganancias que alcanzaron los 150 millones de pesos por lo que se propuso un aumento de 26 millones de pesos en salarios, a lo cual las petroleras se negaron rotundamente.

El 18 de marzo de 1938 a las 10 de la noche por radio nacional, General Cárdenas leyó el decreto de expropiación con el cual se hacía válido el artículo 27 constitucional.